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El TC desestima el recurso de Magdalena Álvarez contra las sospechas de negligencia en el accidente de Spanair
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo presentado por la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez contra una conclusión y una recomendación plasmadas en el informe del Congreso de los Diputados sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que se saldó con 154 muertos y 18 heridos, en las que se apuntaba a una posible negligencia de cargos de dicho departamento, ella incluida.
MADRID, 12 (EUROPA PRESS) - Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los magistrados de la Sala Primera han desestimado las impugnaciones dirigidas por Álvarez y otros contra la conclusión décima y la recomendación novena del dictamen emitido el 22 de abril de 2021 por la Cámara Baja tras la comisión de investigación relativa a este siniestro, ocurrido el 20 de agosto de 2008.
La conclusión achacó el accidente aéreo a un "fallo sistémico" del que responsabilizó a su vez a cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento de la época, dirigido entonces por Álvarez, a la que también señalaba, exigiendo depurar responsabilidades políticas.
En esa línea, la recomendación indicaba que, "al existir dentro de la investigación realizada (...) elementos que pudieran arrojar conductas negligentes", se debía remitir su contenido y resultado a la Fiscalía para que actuara como considerara oportuno.
Cabe recordar que el accidente, el peor en la aviación española desde 1977, se investigó en los tribunales, pero en 2012, después de cuatro años, la Audiencia de Madrid archivó las pesquisas al concluir que la actuación de los dos mecánicos, a los que hasta ese momento investigaba, fue correcta.
Ya entonces el asunto llegó al TC, que inadmitió el recurso de amparo presentado por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 contra esa decisión de la Audiencia de Madrid de archivar la investigación judicial.
El recurso de amparo presentado por Álvarez buscaba, en cambio, una restitución del prestigio de los cargos aludidos en el dictamen parlamentario al entender que vulneró los derechos al honor y a la presunción de inocencia de las personas señaladas, de acuerdo con fuentes de la corte de garantías.
La doctrina inicial sobre los recursos contra las conclusiones de las comisiones de investigación parlamentarias se encuentra en una sentencia dictada en 2018 por el TC, donde anuló el dictamen de las Cortes Valencianas que declaraba responsable del accidente del Metro de Valencia ocurrido en 2006 al director de recursos humanos por vulnerar su derecho al honor.
Entonces, el Constitucional señaló que "las conclusiones que las Cámaras puedan alcanzar en el ejercicio de sus facultades investigadoras deben estar exentas de cualquier apreciación o imputación individualizada de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados". "La actividad parlamentaria de investigación" es "de naturaleza estrictamente política", fijó.
En esta ocasión, sin embargo, los magistrados han concluido que ni Álvarez ni los demás solicitantes de amparo sufrieron vulneración alguna en sus derechos fundamentales a causa del dictamen del Congreso de los Diputados. Los recursos desestimados invocaban esa doctrina, si bien las fuentes consultadas ya avisaron de que este caso era distinto.
El Constitucional avala el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair
El tribunal rechaza los recursos presentados por la socialista Magdalena Álvarez, que en 2008 era ministra de Fomento, y por el expresidente de AENA Manuel Azuaga.
2/05/2025 21:00Actualizado a12/05/2025 21:13 El Tribunal Constitucional ha avalado el dictamen de la comisión de investigación del Congreso sobre el accidente aéreo de Spanair en agosto de 2008, que señaló a varios responsables del Gobierno socialista de la época por el suceso que segó la vida de 154 personas y dejó 18 heridos.
Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado fuentes jurídicas a EFE, el Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos presentados por la socialista Magdalena Álvarez, que en 2008 era ministra de Fomento, y por el expresidente de AENA Manuel Azuaga, contra las conclusiones a las que llegó la comisión de investigación sobre este siniestro en 2021.
El dictamen, que se aprobó con el voto en contra del PSOE, apuntó a varios responsables de la época y señaló además la existencia de una concatenación de errores que hizo que todas las medidas de seguridad fallaran ya que, tanto en el momento del accidente como antes y después, no funcionaron los sistemas de asistencia y seguridad.
El Constitucional avala las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de Spanair
La Sala Primera del tribunal rechaza los recursos de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el expresidente de AENA, Manuel Azuaga, contra las conclusiones aprobadas en 2021 con el voto en contra del PSOE que denunció que el día de la tragedia “fallaron todas las barreras de seguridad”
Alberto Pozas 12 de mayo de 2025 18:07 h El Tribunal Constitucional ha rechazado los recursos que presentaron Magdalena Álvarez y Manuel Azuaga, exministra de Fomento y expresidente de AENA, contra las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso sobre el accidente de Spanair de 2008 en el que fallecieron 154 personas. Unas conclusiones aprobadas en su momento con el voto en contra del PSOE y que apuntaron a errores tanto en AENA como en el Ministerio como también en la aerolínea: “Fallaron todas las barreras de seguridad que dan como consecuencia el fatal desenlace, no solo antes de la tragedia sino durante ella”, dijo el dictamen que ahora ratifica la sala primera del Constitucional y que tenía a Álvarez y Azuaga, entre otros, en la lista de responsables que tomaron decisiones controvertidas.
El vuelo JK5022 de Spanair se estrelló en las pistas del aeropuerto de Madrid el 20 de agosto de 2008 apenas unos instantes después de despegar. Después de un primer intento frustrado de despegar, los pilotos no extendieron los “slats” y “flaps” de las alas de la aeronave, dispositivos clave para el despegue y el aterrizaje de un avión. Fallecieron 154 personas y otras 18 sobrevivieron: la mitad de los pasajeros del vuelo eran residentes en Canarias, donde el avión siniestrado tenía su destino.
Los juzgados cerraron la vía penal, el Supremo estableció indemnizaciones para las familias y los supervivientes y las víctimas, finalmente, se concentraron en una segunda comisión de investigación del Congreso que arrancó en 2020 y aprobó sus conclusiones en abril de 2021. Conclusiones que apuntaron a los factores que llevaron al fallo de “todas las barreras de seguridad” relacionadas con el siniestro. Conclusiones que repartieron culpas entre todos los responsables del vuelo pero también de haber atendido mejor a las víctimas y afectados.
Esas conclusiones criticaron, por ejemplo, que Spanair hubiera obtenido “de forma automático, sin mediar inspeción” la prórroga del certificado que permitía volar al avión siniestrado. También que los pilotos despegaron sin hacer toda las comprobaciones necesarias por la presión de la compañía de tener que devolver el importe de los billetes si no salían puntuales. Y finalmente que el plan de emergencias del aeropuerto madrileño “no funcionó en ese fatídico día, su activación fue tardía”.
Varios de los aludidos en esas conclusiones como responsables llevaron el dictamen ante el Tribunal Constitucional: Magdalena Álvarez, entonces ministra de Fomento, y Manuel Azuaga, entonces presidente de AENA, el gestor público aeroportuario, entre otros inculpados. Todos defienden que las comisiones parlamentarias de investigación no tienen la potestad de declarar responsabilidades penales y sus autores a través de sus dictámenes.